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El viernes, el gobierno del presidente Donald Trump presentó una solicitud ante la Corte Suprema para reanudar la deportación de los migrantes venezolanos a El Salvador, y en medio de una competencia legal actual calificó una ley de los tiempos de guerra del siglo XVIII. Esta queja de emergencia tiene lugar después del rechazo de la corte de apelación por una apelación en Washington contra la propuesta del gobierno republicano. Un jurado del jurado reclamó 2-1, lo que prohíbe temporalmente las deportaciones basadas en la ley de enemigos extranjeros raramente usados, según lo verifica AP.
En documentos judiciales, el Ministerio de Justicia argumentó que los tribunales federales no deberían afectar negociaciones diplomáticas sensibles y que los migrantes deberían presentar su caída frente a un tribunal federal en Texas, donde son arrestados.
El comando que bloquea temporalmente las deportaciones fue emitida por el juez federal James E. Boasberg, quien dirige el Tribunal Federal de Washington.
Trump usó la ley de enemigos extranjeros por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial para justificar la deportación de cientos de personas bajo una proclamación del presidente que clasifica a la pandilla del Zug de Aragua como una fuerza invasiva. La Fiscal General Sarah Harris dijo en el documento judicial: «Las órdenes del tribunal rechazaron los juicios del presidente sobre cómo la nación puede proteger contra las organizaciones terroristas extranjeras y podrían tener efectos nocivos en las delicadas negociaciones diplomáticas».
La demanda fue presentada por abogados de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) en nombre de cinco ciudadanos venezolanos registrados en Texas, poco después de que se publicara la proclamación.
El tribunal ha establecido un plazo para la ACLU hasta el martes para responder. El abogado principal, que representa a los migrantes, dijo Lee, dijo: «Le pediremos urgentemente a la Corte Suprema que mantenga el status quo para permitir que los tribunales escuchen este caso y eviten que más personas sean enviadas a un procedimiento conspicuo, basado en un uso militar inesperado e ilegal».
Este caso ha reforzado las tensiones entre la Casa Blanca y los tribunales federales. Boasberg impuso una suspensión temporal de deportaciones y ordenó el regreso a los Estados Unidos de aviones con inmigrantes venezolanos, aunque esto no se hizo. El juez ha prometido investigar si el gobierno no obedeció su orden. El gobierno ha confiado en un «privilegio de secretos estatales» y se negó a proporcionar información adicional sobre deportaciones.
Trump y sus aliados han solicitado el despido del juez Boasberg. En una declaración rara, el presidente de la Corte Suprema dijo John Roberts que «el despido no es una respuesta razonable al desacuerdo sobre una decisión judicial».
La ley sobre enemigos extranjeros no permite a los ciudadanos deportarlos sin ofrecerles la oportunidad de presentar su caso antes de un juez migrante o federal. Boasberg descubrió que los inmigrantes que han sido deportados tienen derecho a cuestionar su clasificación como presuntos miembros de pandillas. Su juicio justifica un «fuerte interés público» en el encarcelamiento de deportaciones incorrectas basadas en categorías de no carga.
La suspensión temporal publicada por Boasberg expirará el sábado. Sin embargo, la ACLU ha solicitado una extensión antes del 12 de abril y planea buscar un largo descanso después de esta ley y al mismo tiempo continúa continuando.
Las noticias del gobierno de Trump le piden a la Corte Suprema que reanude las deportaciones de los migrantes venezolanos. Un día y una hora se publicó por primera vez en News. Últimas noticias hoy










