Cúcuta, 24 de marzo de 2025 – La Oficina del Fiscal General llevó a cabo precauciones para un amplio legado que actualmente fue entregado a los Estados Unidos con el traficante de drogas Julio César Rojas Betancourt, alias Strawberry. Los confiscados fueron 69,000 millones de dólares estadounidenses 30 propiedades, 14 instituciones comerciales, 11 empresas y 6 vehículos de alto enve en Cúcuta y otros municipios del departamento.
El procedimiento se desarrolló de manera coordinada entre la gestión especializada de la extinción de la ley nacional del fiscal y la policía nacional. Se impusieron cuatro tipos de medidas durante las operaciones: suspensión del rendimiento del dispositivo, embargo preventivo, secuestro de material y posesión administrativa de los bienes identificados.
Según las investigaciones, estos activos se habrían adquirido con recursos del tráfico internacional de drogas. La evidencia reunida probaría que el alias Strawberry usó una red de TestAberros, incluidos familiares y conocidos, para ocultar la propiedad de los bienes confiscados.
Los documentos recibidos por las autoridades muestran que el legado confiscado corresponde a la ganancia de enviar toneladas de clorhidrato de cocaína desde la región de Catatumbo a los países de los Estados Unidos y los Caribe. La estructura financiera descubierta mostró lavadores de dinero sistemáticos al comprar bienes raíces y crear compañías de fachadas.
Julio César Rojas Betancourt, alias Strawberry, fue operado por Víctor Ramón Navarro Serrano, también conocido como Megateo, el líder extinto de la organización criminal ‘Los Pelusos’. Su captura ocurrió en marzo de 2018 durante una operación conjunta entre el fiscal, el ejército nacional, la Armada Nacional y los Estados Unidos.
Después de su conquista, el traficante de drogas fue entregado a Puerto Rico en el mismo año, donde actualmente está expuesto a la acusación de tráfico internacional de drogas. Mientras que el proceso judicial progresa en los Estados Unidos, las autoridades colombianas continuaron la persecución de su herencia en el área nacional.
La Sociedad de Activos Especiales (SAE) se hará cargo de la gestión provisional de los bienes, impulsada durante el dominio. En este procedimiento legal, se hacen intentos para transferir finalmente los activos de origen ilegal al estado colombiano para ser el siguiente objetivo para programas sociales o venta en una subasta pública.
Las propiedades confiscadas incluyen 14 instalaciones comerciales, incluidas bodegas, habitaciones en centros comerciales y compañías de ventas de vehículos. 11 compañías también fueron confiscadas principalmente para simular actividades legales y 6 vehículos de marca premium con ajustes especiales.
Las 30 propiedades confiscadas son distribuidas en áreas residenciales exclusivas por Cúcuta y otros municipios por Norte de Santander. Las autoridades estiman que este patrimonio cultural sirve para financiar procesos logísticos, liderar el sistema de blanqueo en la región y mantener las redes de corrupción.
Los procedimientos legales continúan con audiencias para legalizar las medidas de precaución, seguida de la fase en la que los supuestos hombres delanteros podrán proporcionar evidencia del origen legítimo de los activos. Finalmente, la demanda de morir de dominio se presenta a jueces especializados.
Las autoridades estiman que el procedimiento completo podría extenderse entre 12 y 18 meses. Esta confiscación representa un golpe financiero para las estructuras restantes del póster del Peluso en Norte de Santander según el análisis del agente de inteligencia de la policía anti -anestésica.
Operación clave del proceso:
Valor total confiscado: 69,000 millones de dólares estadounidenses afectados bienes inmuebles: 61 Tiempo de investigación financiera: 5 años de compañía intermedia: 4










