Las compañías públicas de Medellín (EPM) confirmaron su compromiso con la estabilidad de la energía del Caribe colombiano, después de anunciar que la compañía Air E-E, que es responsable de la distribución de energía en el norte del país, debe más de $ 107 mil millones por el concepto de compras de energía en los contratos a largo plazo y el mercado de valores.
En una explicación oficial, EPM enfatizó que a pesar de una de las situaciones climáticas más complejas, ha estado manteniendo sus obligaciones de generación y suministro de energía durante décadas, con un fenómeno de El Niño particularmente pesado y una sequía atípica posterior, especialmente en la región caribeña.
Hydroitango evitó el posible racionamiento
En noviembre de 2023, las unidades 3 y 4 de Hidroitango entraron en funcionamiento y, según los datos de EPM, lograron cubrir hasta el 11 % del requisito de energía nacional, lo que condujo a una reducción de casi el 40 % en el precio de las acciones. La compañía también apoyó a Ecuador con el suministro de energía de sus sistemas de calor.
EPM: proveedor principal de Air-E
En 2023 y hasta febrero de 2025, EPM aumentó gradualmente el seguro de energía a Air-E: aumentó del 16 % de la demanda regulada en 2023, 19 % en 2024 y 30 % en los primeros dos meses desde 2025. Además, tiene precios por debajo del promedio nacional: 3.7 % en 2023 y 4.3 % en 2024.
EPM también enfatizó que privilegió los contratos a largo plazo contra las ventas de los mercados de valores como una medida de la estabilización de los precios para el beneficio de los usuarios, especialmente en una mayor volatilidad.
Precios estables y compromiso persistente
«El modelo de ventas de EPM prioriza la protección del usuario y evita altos costos si el precio de la acción aumenta. Este enfoque ha demostrado ser responsable y sostenible», dijo la compañía.
Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, Air-E ha violado los pagos acordados y generó una culpa acumulada con EPM, que ya excede los USD 107,000 millones a partir de febrero de 2025. La compañía de Paisa enfatiza que esta violación pone en peligro la estabilidad financiera del sistema eléctrico.










