Bogotá, DC, 20 de enero de 2026. – Las operaciones de Nueva EPS, el establecimiento de promoción de la salud más grande de Colombia, se encuentran en un punto de quiebre. La empresa informó este martes que cuatro juzgados del país han impuesto medidas de embargo que ya ascienden a 2.120 millones de pesos, cifra que equivale aproximadamente a la totalidad de su desembolso mensual.
A pesar de la intervención, la empresa se enfrenta a una presión legal que se ha duplicado en menos de tres meses. A noviembre de 2025, los embargos sumaban 887.000 millones de dólares, pero recientes decisiones judiciales han disparado esa cifra y han puesto en peligro directamente la prestación de servicios a sus 11,7 millones de afiliados.
Distribución de valla de cancha.
Según el mapa de situación de incautaciones emitido por la dirección de la empresa, las medidas cautelares se concentran principalmente en el sur del país y afectan a recursos que no pueden ser incautados por ley:
Caquetá (Florencia): El Juzgado Civil de Florencia registra dos procesos críticos (4319 y 4605) con un embargo impuesto de 967.000 millones de pesos en 40 juicios en curso. Puerto Rico (Caquetá): El Tribunal Segundo Promiscuo del Circuito tiene 8 demandas en curso con un impacto de $684.000 millones. Impacto en Prestadores: El 80% de estos embargos se concentran en deudas de las principales instituciones privadas de salud (IPS) del país. La inviolabilidad de la salud en los litigios
Nueva EPS recordó que los fondos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), que financian el derecho fundamental a la salud, tienen carácter parafiscal y no pueden ser confiscados de conformidad con el artículo 48 de la Constitución y las leyes 1438 de 2011 y 715 de 2001.
«Estos embargos han deteriorado la situación financiera hasta el punto actual, poniendo en peligro todas las operaciones de la empresa», dice el comunicado. Incluso se han reportado bloqueos de cuentas maestras, que gozan de especial protección reglamentaria para garantizar la continuidad del servicio.
Gestión y convocatoria de control de unidades.
En medio de la crisis, la empresa, a través de acuerdos y mediaciones con las partes demandantes, logró la liquidación de pagos por $700.000 millones para liberar recursos inmovilizados. Sin embargo, la situación sigue siendo insostenible.
Nueva EPS ya alertó a la Superintendencia Nacional de Salud, al Ministerio de Salud y a la ADRES, pidiendo medidas urgentes para evitar decisiones judiciales que desconozcan las normas de no decomiso. El objetivo es evitar una parálisis de la atención médica que afectaría a uno de cada cuatro colombianos.










