Para visibilizar y combatir uno de los problemas más graves del país, Profamilia, con el apoyo del gobierno canadiense, presentó los resultados de un estudio de diagnóstico que reveló cifras alarmantes: el 58,4% de las niñas, niños y jóvenes encuestados dijeron haber sido víctimas de al menos una situación de violencia de género en el último año.
El estudio, en el que participaron más de 8.500 personas de Cali, Medellín, Uribia y Dibulla (La Guajira), mostró que la violencia psicológica se encuentra entre los casos más comunes, afectando a uno de cada cuatro menores. Además, el entorno familiar y comunitario sigue representando un escenario de riesgo: más del 60% de los encuestados reporta haber experimentado violencia física o psicológica en sus hogares en algún momento de su vida.
Bajo nivel de denuncia y naturalización de abusos
Uno de los hallazgos de la investigación más preocupantes es el escaso reconocimiento de la violencia de género (VG). Sólo el 53,9% de los menores reconoce lo que constituye una agresión de este tipo, mientras que en zonas rurales de La Guajira esta cifra baja drásticamente hasta el 33,7%.
Esta falta de identificación, junto con el miedo a represalias y a la dependencia económica, genera una brecha crítica en la presentación de denuncias: en el entorno familiar, las denuncias formales rara vez se sitúan entre el 6% y el 14%.
“No podemos hablar de futuro mientras continúe la violencia de género”, enfatizó Elizabeth Williams, embajadora de Canadá en Colombia, al presentar la iniciativa.
“Somos visibles”: una respuesta integral al cambio
En respuesta a este diagnóstico, Profamilia lanzó el proyecto “Somos visibles: generaciones sin violencia”, que beneficiará a casi 10.000 personas entre 2026 y 2029. La iniciativa pretende intervenir simultáneamente en escuelas, hogares y comunidades para desafiar estereotipos y fortalecer la autonomía de las nuevas generaciones.
“Eliminar la violencia de género requiere una intervención donde surjan las relaciones y las normas que las sustentan”, afirmó Marta Royo, directora general de Profamilia. El proyecto se centrará en zonas prioritarias por sus diferencias sociales y pretende conseguir que la igualdad y la dignidad sean la base de la convivencia de las nuevas generaciones.










