El Gobierno nacional prepara un nuevo sistema para proteger a los usuarios de los servicios de energía y gas

El Gobierno nacional prepara un nuevo sistema para proteger a los usuarios de los servicios de energía y gas

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Luego de 29 años del marco regulatorio actual, el gobierno nacional, a través de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y la Comisión Reguladora de Energía y Gas (CREG), ha iniciado el proceso de actualización del régimen para proteger los derechos y obligaciones de los usuarios. El objetivo central de esta reforma es proteger el debido proceso y garantizar el derecho a la defensa de millones de ciudadanos frente a las empresas proveedoras.

La propuesta, consagrada en el proyecto de resolución 705 011 de 2025, es una respuesta a los vacíos regulatorios que han llevado a violaciones sistemáticas de los derechos de los usuarios. Según el Sistema Unificado de Información (SUI), solo en 2025 se reportaron 296.720 denuncias, el 70% de las cuales se relacionaron con los servicios de gas natural y el 30% con energía eléctrica.

Detener los abusos y las acusaciones injustificadas

El nuevo reglamento pone fin a prácticas comunes que conducen a conflictos constantes. Los puntos más destacables de la propuesta incluyen:

Factura provisional: un alivio importante que permite a los usuarios pagar solo montos no reclamados mientras se resuelve una disputa sobre cargos excesivos. Separación de cargos: prohibir la inclusión en la factura de cargos distintos al servicio público sin una autorización clara, con el fin de evitar que el usuario pierda el servicio de energía o gas por deudas sobre otros bienes. Protocolos de medidores y visitas: Normas estrictas y costos transparentes para reposición de medidores, recuperación de consumos y visitas técnicas, eliminando discrecionalidad de las empresas. Suspensión y restablecimiento: Requisito de aviso previo y plazo razonable, con prohibición expresa de cobros abusivos para restablecer el servicio. Garantizar la defensa y la participación ciudadana

El nuevo régimen deroga la Resolución 108 de 1997 y moderniza un sistema que ya no refleja las realidades del mercado actual. La atención se centra ahora en la autoridad dual y los protocolos obligatorios que garantizan que se escuche al usuario antes de que se tome una decisión que afecte su acceso al servicio.

“Con esta actualización valoramos la voz de los usuarios y promovemos el control social sobre la prestación de los servicios públicos en todo el territorio nacional”, enfatiza Superservicios.

El proyecto se encuentra actualmente en la fase de encuesta ciudadana. Se invita a los miembros de control, representantes y usuarios en general a enviar sus comentarios a creg@creg.gov.co antes del 20 de marzo de 2026.

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