La Procuraduría General de la Nación anunció que adelanta una inspección a la Superintendencia Nacional de Salud para evaluar presuntas irregularidades en el proceso de intervención de Nueva EPS.
El anuncio fue realizado en rueda de prensa junto al ministro del Interior, Armando Benedetti, y el procurador general, Gregorio Eljach, quien explicó que la revisión busca esclarecer denuncias sobre posibles fallas en el procedimiento y en la designación de Jorge Iván Ospina como interventor.
La actuación se origina en una denuncia presentada el pasado 14 de abril por la superintendente delegada (e) para Entidades de Aseguramiento en Salud, Edilma Marlen Suárez, ante el Ministerio Público y la procuradora delegada para asuntos civiles, Mónica Andrea Ulloa.
En el documento, Suárez señaló que la superintendente de Salud ad hoc, Luz María Múnera, habría expedido una resolución para extender la intervención de Nueva EPS sin cumplir los requisitos legales establecidos.
Además, advirtió que la decisión se habría tomado pese a que el Comité de Medidas Especiales, en sesión del 10 de abril, recomendó no prorrogar la medida.
Frente a estos hechos, Eljach indicó que se designó un equipo especial de la Procuraduría para “verificar la veracidad de lo denunciado y establecer posibles responsabilidades”, garantizando el debido proceso de todas las partes.
Según la denuncia, antes de extender una intervención, la Superintendencia debe contar con un informe técnico de la Dirección de Inspección y Vigilancia, que sustente la adopción y seguimiento de la medida. No obstante, el proyecto de resolución presentado evidenciaría inconsistencias y recomendaciones que no habrían sido emitidas por el comité correspondiente.
De confirmarse estas irregularidades, se habría omitido un paso clave en el control previo de decisiones administrativas, requisito fundamental para garantizar su legalidad, razonabilidad y proporcionalidad.
