El superintendente Daniel Quintero Calle ordenó una inspección inmediata y prioritaria para revisar el funcionamiento, prestación de servicios y gestión de los recursos destinados a los docentes del país.
Bogotá, 1 de mayo de 2026. – La Superintendencia Nacional de Salud inauguró oficialmente un operativo especial de inspección y seguimiento al Modelo Docente en Salud (FOMAG). La medida, ordenada por el superintendente Daniel Quintero Calle, tiene como objetivo realizar una revisión integral del funcionamiento del sistema y el flujo de recursos para la atención de docentes, jubilados y sus beneficiarios.
Esta decisión surge en respuesta a un pedido directo del Presidente de la República para verificar posibles irregularidades en el funcionamiento de este modelo de atención de salud.
Alcance de la investigación
La instrucción de Supersalud incluye una revisión integral de diversos procesos críticos del modelo. Las acciones inmediatas incluyen revisar la administración, poner en funcionamiento la red de servicios, suministrar medicamentos, gestionar autorizaciones y tramitar consultas, quejas, reclamos y sugerencias (PQRS).
El monitoreo cubre a todos los actores clave involucrados en el sistema, incluyendo:
Fiduprevisora SA, en su calidad de administradora de los recursos del fondo. Operadores y proveedores de servicios de salud. Gestores y auditores farmacéuticos. Hallazgos y posibles traslados.
Como parte de la medida, se creará una matriz de hallazgos técnicos y riesgos para identificar responsabilidades. De detectarse anomalías, la empresa evalúa el envío de las pruebas ante organismos de control como la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la República y la Contraloría.
“Esta acción será prioritaria dada la importancia del modelo y la necesidad de garantizar la protección del derecho fundamental a la salud de los usuarios del sistema de educación especial”, afirmó el Superintendente Daniel Quintero Calle.
La Superintendencia ha solicitado un informe de avance inmediato que incluya hallazgos preliminares y la necesidad de coordinación con otras agencias gubernamentales para asegurar la transparencia en la gestión de los recursos docentes.
