El caso de Doña Helena, reconocida fundadora de la marca textil ‘Elena del Mar’, continúa generando controversia en Bogotá. La empresaria de 91 años denunció presuntos actos de violencia psicológica, manipulación y posibles intentos de control patrimonial en medio de una disputa familiar que hoy es observada con atención por distintos sectores jurídicos y sociales.
De acuerdo con declaraciones conocidas dentro del proceso, Doña Helena aseguró haber detectado conductas orientadas a debilitar su autonomía y capacidad de decisión sobre sus bienes y negocios. Entre los señalamientos más delicados, afirmó que se habrían suministrado sedantes a personas encargadas de su cuidado con el propósito de afectar su lucidez y facilitar el control de su patrimonio empresarial.
Las denuncias llevaron a que la Comisaría de Familia de Usaquén emitiera la Medida de Protección MP 049 el pasado 2 de febrero de 2026, ordenando medidas preventivas en favor de la adulta mayor. El caso ha puesto nuevamente sobre la mesa el debate sobre la violencia intrafamiliar contra adultos mayores y la necesidad de reforzar los mecanismos de protección judicial en Colombia.
Uno de los puntos más polémicos del proceso ha sido la discusión sobre las pruebas admitidas durante las audiencias. Mientras algunas denuncias formuladas por Doña Helena habrían sido cuestionadas por temas de vigencia procesal, documentos anteriores presentados por la contraparte sí fueron tenidos en cuenta dentro del expediente, generando críticas y cuestionamientos sobre la coherencia de las decisiones judiciales.
Expertos en derecho de familia y sucesiones señalan que, de comprobarse actos de maltrato, manipulación o aprovechamiento indebido contra una persona mayor, podrían configurarse figuras jurídicas relacionadas con la indignidad sucesoral, contempladas en la legislación colombiana para impedir beneficios hereditarios a quienes hayan incurrido en conductas graves contra el causante.
Más allá del conflicto legal, el caso de ‘Elena del Mar’ se ha convertido en símbolo de una problemática creciente: la vulnerabilidad de los adultos mayores frente a disputas familiares por patrimonio, empresas y herencias. Organizaciones defensoras de derechos humanos insisten en que la prioridad debe ser garantizar la dignidad, la seguridad y el bienestar de las personas mayores, especialmente cuando existen denuncias de violencia o presión económica.
La historia de Doña Helena y el legado empresarial de ‘Elena del Mar’ hoy se encuentran en el centro de una batalla judicial que podría marcar un precedente sobre protección patrimonial y derechos de los adultos mayores en Colombia.
