La Superintendencia Nacional de Salud informó que el Ministerio de Salud y Protección Social finalmente resolvió la demanda interpuesta por el gerente de la Fábrica de Licores de Antioquia (FLA), Esteban Ramos Maya, contra el Superintendente Nacional de Salud, Daniel Quintero Calle. Mediante resolución 001222 del 25 de junio de 2026, el Ministerio de Salud decidió rechazar esta solicitud porque no encontró fundamento jurídico que justificara la exclusión del funcionario del procedimiento de vigilancia.
La impugnación interpuesta por la dirección de la FLA se basó en una supuesta animosidad grave y conflicto de intereses, que, según el directivo, se debieron a diversas publicaciones del superintendente en las redes sociales.
Conceptos básicos del rechazo
Luego de un análisis integral del caso, el Ministerio de Salud encontró que las causas mencionadas en el artículo 11, numerales 5 y 8 de la Ley 1437 de 2011 no habían sido probadas. Los argumentos centrales de la decisión incluyen los siguientes:
Autonomía de los Actos Administrativos: El Ministerio aclaró que la orden que ordenó la auditoría no fue emitida directamente por el Superintendente Nacional de Salud sino por un superintendente adjunto, diluyendo la tesis de la intervención directa por un sesgo personal. Libertad de expresión: En cuanto a las publicaciones en redes sociales, el Ministerio concluyó que corresponden al ejercicio legítimo de la libertad de expresión, control de la ciudadanía y debate público y por lo tanto no constituyen prueba válida de enemistad personal que ponga en peligro la imparcialidad de la acción administrativa. Continuidad del examen
Con esta decisión, la Superintendencia Nacional de Salud mantiene vigente la Orden N° 202659000001332-7, de fecha 22 de junio de 2026, que ordenó la auditoría de la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia.
La empresa confirmó su competencia legal para controlar los ingresos procedentes del alcohol, el tabaco, los juegos de azar y los juegos de azar, que son fuentes fundamentales de financiación del sistema general de salud de la seguridad social. Según la Superintendencia, estas medidas corresponden exclusivamente al cumplimiento de sus obligaciones legales y de la responsabilidad constitucional de proteger los recursos públicos destinados a garantizar el derecho fundamental a la salud de los colombianos.
