Análisis en profundidad: El impacto de los nuevos impuestos del Decreto 1390

Análisis en profundidad: El impacto de los nuevos impuestos del Decreto 1390

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La declaratoria de emergencia económica y social por el Decreto 1390 del 22 de diciembre de 2025 no es solo una medida administrativa para cubrir un déficit de 16,3 mil millones de pesos; Es, en la práctica, el inicio de una reforma tributaria acelerada que tendrá un impacto directo en el bolsillo de los colombianos y las operaciones de las empresas.

A continuación, analizamos el impacto específico de los principales impuestos a los que apunta el gobierno nacional para evitar esta crisis.

1. El salto al 5×1000: Un duro golpe a la banca

Uno de los puntos más polémicos es el posible cambio del impuesto a los movimientos financieros (GMF) del actual 4×1000 al 5×1000.

Impacto en el consumidor: este impuesto “invisible” encarece cada transacción bancaria. Para el ciudadano promedio, esto significa que por cada millón de pesos movilizados, el Estado retiene 5.000 pesos. Aunque pueda parecer una cifra menor, en un entorno de alta inflación estos costos de transacción desincentivan el uso de canales digitales y alientan el uso de efectivo (informalidad). Objeto Social: Para empresas con flujos de caja constantes (pagos a proveedores, nómina, etc.), el incremento del 25% en este impuesto supone un coste operativo directo que finalmente se suele repercutir en el precio final de los productos y servicios. 2. Comisiones excesivas para el sector financiero: ¿peligro de préstamos más caros?

El decreto menciona la necesidad de aumentar la tributación de las empresas financieras y propone un recargo que podría aumentar su tasa de renta hasta en un 50%.

Impacto en las inversiones: Asociaciones como Asobancaria advierten que una carga tributaria de esta magnitud reduce la capacidad de los bancos para invertir en tecnología y expansión. Impacto en los ciudadanos: a medida que el margen de acción de los bancos se reduce, el impacto tiene un impacto en las tasas de interés de los préstamos. Los préstamos para vivienda (leasing o hipoteca), préstamos al consumo y microcréditos para emprendedores podrían encarecerse para compensar la nueva carga fiscal, que frenaría el consumo interno. 3. Impuestos sobre la riqueza y los “ingresos altos”.

Bajo la premisa de “justicia fiscal”, el gobierno pretende reintroducir un impuesto sobre el patrimonio con tipos progresivos para llenar el vacío dejado por la ley de financiación.

Fuga de capitales: Los analistas económicos suponen que la pignoración de activos que ya han sido gravados en el pasado genera inseguridad jurídica. Esto podría alentar a los grandes inversionistas a movilizar su capital hacia mercados más estables, lo que impactaría la inversión extranjera directa en Colombia. 4. Impuestos “cuerdos” y vicios

El decreto autoriza la modificación de los impuestos al alcohol, los cigarrillos y los cigarrillos electrónicos.

Encuesta Departamental versus Encuesta Nacional: Históricamente, estos impuestos financian la salud en los departamentos. Un cambio en su estructura en caso de emergencia nacional debe aclarar cómo se distribuyen los recursos para no privar de fondos a las regiones, al tiempo que se intenta desalentar hábitos de consumo costosos para el sistema de salud. ¿Es legal esta vía rápida?

El artículo 215 de la Constitución permite al presidente imponer nuevos impuestos en caso de emergencia, pero bajo una condición: ya no se aplicarán al final del próximo período fiscal a menos que el Congreso los haga permanentes. Esto significa que, si bien los efectos son inmediatos, su continuidad depende de una Corte Constitucional que examine muy de cerca si la “brecha presupuestaria” es en realidad una emergencia imprevisible o una falta de gestión fiscal.

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