El ministro del Interior, Armando Benedetti, denunció públicamente que un allanamiento ordenado por la Corte Suprema en su domicilio en Puerto Colombia (Atlántico) se completó sin confiscación de pruebas, lo que calificó de “abuso de poder” y “procesamiento judicial sin pruebas”. Al mismo tiempo, el alto funcionario alertó sobre su seguridad y responsabilizó directamente a la jueza Cristina Lombana de cualquier incidente que pudiera afectarlo a él o a su familia.
Diligencia judicial en medio de la controversia
El juicio, que adelantan agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) en la lujosa villa del exclusivo club Lagos de Caujaral, está relacionado con procesos que adelanta la Corte Suprema contra Benedetti, principalmente por supuestas irregularidades en la compra de un departamento y en el caso Fonade.
El ministro, siempre crítico con el proceso, recurrió a sus redes sociales para expresar su descontento y los resultados del operativo.
«Él irrumpió en mi casa y no confiscó absolutamente nada, no se llevó nada consigo. Eso significa que no hubo necesidad de registrar mi casa. […] Se fue con las manos vacías. Esto muestra lo obsesionada que está conmigo. “Ella no es imparcial por su brutalidad y falta de objetividad”, afirmó Benedetti, repitiendo su acusación de extralimitación contra el juez de instrucción.
Advertencia de seguridad personal
Los comentarios del jefe del departamento político se hicieron cada vez más fuertes, expresando un profundo temor por su vida y la de su familia. Benedetti pidió garantías al Tribunal Supremo y advirtió sobre amenazas en su contra, señalando como responsable al juez Lombana.
«Señora Lombana, temo por mi seguridad, la de mi mujer y la de mi familia. La hago responsable de todo lo que le sucede a mi mujer, a quien usted ha amenazado e intimidado. Tengo miedo de los atentados contra mi vida, de los explosivos. ¿Será que ahora puedo entender el sobrevuelo de un dron en las primeras horas del 2 de noviembre? ¿O el de un helicóptero que sobrevoló mi casa el viernes por la noche? «, dijo el Ministro, refiriéndose a los recientes acontecimientos relacionados con el proceso judicial.
Rechazo del Tribunal Supremo y postura institucional
Si bien la Sala de Instrucción de la Corte Suprema ha indicado que no ordenó el allanamiento de manera colegiada, sino que pudo ser una acción del despacho del juez Lombana, la Corte Suprema se había pronunciado previamente sobre la inhabilitación personal del ministro contra el funcionario. El tribunal rechazó en su momento estos ataques, pidió prudencia y respeto a la ley y advirtió que tales declaraciones podrían perjudicar el desarrollo de la investigación.
El presidente Gustavo Petro también intervino en la controversia, calificando el allanamiento de “ilegal” y “traduciéndose en un secuestro”, apoyando la teoría de su ministro sobre el procesamiento.










