Los sindicatos exigieron un aumento de 300 dólares tras 47 meses sin aumento

Los sindicatos exigieron un aumento de 300 dólares tras 47 meses sin aumento

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Existe una expectativa positiva entre los venezolanos tras la captura y traslado de Nicolás Maduro a una prisión en Brooklyn, Nueva York, especialmente después de la aprobación de la reforma a la ley de hidrocarburos y los esfuerzos del propio Donald Trump por llamar a las principales petroleras del mundo a invertir en Venezuela. Así lo muestran las encuestas, pero cuando se trata de temas socioeconómicos, el mayor deseo de los venezolanos es sin duda aumentar los salarios.

En las redes sociales, representantes de trabajadores de todos los sectores suben los decibeles. Union Monitor Venezuela, un informe que aborda estas demandas, ha proliferado publicaciones con demandas claras tanto a los líderes socialistas monitoreados por Estados Unidos como a los sectores corporativos:

Los precios suben, el gobierno recibe más dinero y su salario sigue siendo el mismo. La cuenta no funciona. Hoy estamos hablando de un salario mínimo de al menos 300 dólares. “¡Por ​​una vida digna para todos los venezolanos, fijen el salario mínimo ya!” lee X

Los ingresos más bajos de América Latina

La ONG Provea denunció que tanto el salario mínimo como las pensiones siguen “anclados” en 130 bolívares -37 centavos por dólar al tipo de cambio oficial- desde marzo de 2022, pese a las reiteradas exigencias de los sindicatos y el continuo deterioro de las condiciones de vida. “Venezuela sólo podrá avanzar hacia el encuentro y la convivencia si se reconocen las necesidades del pueblo trabajador y se respetan los espacios de diálogo social”, afirmó la organización.

Este es el ingreso mensual más bajo de toda América Latina.

Y esto se debe a la política salarial del Ejecutivo, que se basa en decisiones tomadas por Maduro, quien se basó en el pago de bonos que no afectan el desempeño laboral. Estos suplementos ascienden a 160 dólares mensuales -40 dólares para alimentos y 120 dólares como «ingresos económicos de guerra»- y se depositan en bolívares según la tasa del banco central.

Utilizando el artículo 91 de la Constitución como espada, Provea recordó que el país llevaba tres años y 10 meses sin ajustes salariales, el periodo “más largo” en casi tres décadas. La Carta Magna es contundente en este apartado: “Todo trabajador tiene derecho a un salario suficiente que le permita vivir dignamente y satisfacer las necesidades básicas de sí mismo y de su familia, ajustado al coste de la vida”, dice.

Y se estima que la canasta básica venezolana es de 550 dólares mensuales.

Simplemente reformar el estado

Pero los economistas advierten que un aumento de esta magnitud sería “inviable” dadas las limitaciones presupuestarias del país.

Uno de ellos es Asdrúbal Oliveros, consultor de gestión. «Un funcionario debería ganar al menos 300 dólares, sí. Un pensionado debería ganar al menos 300 dólares, sí. Pero esto es una condición moral», dijo en una entrevista con el Diario Primicias, augurando en vísperas de mayo un aumento de las ya conocidas bonificaciones.

Oliveros cree que el gobierno continuará con el impulso de aumentar los ya conocidos bonos a través de la asignación del sistema Patria, sin realizar ajustes significativos al salario mínimo oficial. ¿La razón?:

No hay manera de pagar bien a un empleado del gobierno, no hay ingresos para eso, con una nómina estimada en unos 2.000.000 de empleados del gobierno y 4.000.000 de jubilados. El Estado en su forma actual no puede pagar buenos salarios. No hay manera. Es necesaria una reforma del Estado en el sector público”, subraya.

Controlar las expectativas

Para Luis Vicente León, economista y presidente de Datanálisis, es comprensible que las previsiones de mejora económica para 2026, impulsadas por la apertura petrolera, estén generando mayores expectativas salariales en una población afectada por años de fuerte deterioro de sus ingresos reales.

Sin embargo, León explica que a pesar de una mayor actividad económica y una reducción de la brecha cambiaria, sólo normalizando los flujos de divisas y mejorando el sistema de subastas del BCV, que hoy complica la planificación, se pueden ver efectos positivos en los ingresos. “Pero eso por sí solo no es suficiente para devolver la capacidad adquisitiva al nivel que la gente espera”, advierte.

«El rescate real de los salarios requiere un debate más profundo. La estructura actual de la legislación laboral, especialmente en relación con la retroactividad de las prestaciones, quedó desbordada después de la hiperinflación. En la práctica, este sistema finalmente bloqueó los aumentos salariales estructurales porque su impacto acumulado en los costos haría inviables tanto al sector privado como al propio Estado», añade.

Según León, este concepto de logros acumulados existe más en el papel que en la realidad. «Los beneficios y salarios de los trabajadores colapsaron, mientras las empresas y el propio gobierno evitaban ajustes salariales formales para no poner en peligro su viabilidad. El resultado fue el contrario de lo que se pretendía: salarios reales más bajos y una protección menos efectiva», argumenta.

Por esta razón, el experto financiero apuesta por un debate nacional serio que permita rediseñar el marco jurídico laboral, proteger los derechos de los empleados y al mismo tiempo viabilizar el reempleo.

Es un proceso complejo y políticamente sensible. Es poco probable que el problema se resuelva en el corto plazo. “Por tanto, es previsible que este año veamos aumentos a través de bonificaciones e ingresos adicionales, que ayudarán, pero aún no representan la solución estructural que necesitan los salarios reales”, afirma.

Propuesta con lupa sobre los beneficios

Jorge Roig, representante de Fedecámaras ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), coincide con Oliveros y León.

La semana pasada, en el segundo Foro de Jóvenes Líderes en Caracas, explicó que Venezuela no podría solicitar un aumento del salario mínimo a menos que se cambiara la legislación laboral actual.

Roig señaló que el principal obstáculo es el mecanismo de recálculo de las prestaciones sociales, que se calcula en base al último salario con efecto retroactivo e indexación. En un contexto inflacionario, explicó, incluso un pequeño aumento podría generar obligaciones que las empresas con trabajadores senior ya no podrían cumplir. «No nos preocupa la abolición de las prestaciones sociales, sino la abolición del recálculo», afirmó.

Como solución temporal, sugirió adoptar una ley de emergencia laboral que establezca un período especial durante el cual los aumentos salariales no afectarán el cálculo de los beneficios. La medida tendría una duración limitada y estaría vinculada a otras variables que afectan el funcionamiento del sector privado.

Roig afirmó que con un ajuste temporal de este tipo el sector empresarial podría mejorar los salarios. Recordó que el sector privado quiere hacer esto porque los mayores ingresos estimulan el consumo y estimulan la economía. «Los empleadores privados están deseosos de pagar un mejor salario, pero necesitamos superar la legislación laboral actual para que esto sea posible», afirmó.

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