Como parte de la ofensiva nacional contra grupos organizados, la Galla de la Policía Nacional logró conquistar a tres presuntos miembros del examen «Juan Fernando Porras Martínez» frente al Eln Gao durante una operación desarrollada en la región de Catatumbo.
Los prisioneros, que fueron identificados con los alias de «Jeremías», «Yilber» e «Iván», fueron requeridos de acuerdo con una orden judicial para criticar la extorsión de los secuestros. Según las autoridades, estos sujetos serían responsables de coordinar las finanzas ilegales del grupo armado, incluidos los costos de extorsión para los concesionarios y residentes del sector. Responsable de la extorsión y el secuestro en la región
Según la investigación realizada por el Fiscal General y la policía, los prisioneros estuvieron involucrados en un secuestro, que tuvo lugar el 26 de marzo de 2025, donde pidieron 1,000 millones de pesos a cambio de la liberación de la víctima.
Los tres hombres con una trayectoria criminal de alrededor de cinco años dentro del ELN fueron operados principalmente en las zonas rurales de Catatumbo, que intimidó a la población a través de amenazas y cargos ilegales. Ponsch en la estructura financiera del ELN
El coronel Amaury Lynsay Aguilera López, comandante, responsable de la Autoridad de Policía del Norte de Santander, enfatizó que este proceso es un duro golpe para la capacidad financiera y operativa del frente de Guerilla y debilitó sus redes de apoyo y financiamiento.
«Este resultado es el producto de un trabajo articulado entre las instalaciones policiales y el fiscal, que confirma nuestro compromiso con la lucha frontal contra el secuestro y la extorsión. Continuaremos trabajando incansablemente en la seguridad de Nortesanzendereros», dijo el funcionario.
Se proporcionaron las autoridades legales registradas para la aplicación de la ley respectiva. Seguridad y coexistencia en Catatumbo
La Policía Nacional confirmó que mantendrá operaciones permanentes en la región de Catatumbo para garantizar la seguridad de la población civil y neutralizar las estructuras criminales que afectan la calma de los residentes.
Este resultado aumenta la presencia institucional en una de las regiones más afectadas afectadas por la violencia y demuestra el compromiso del estado de defender los derechos humanos, la seguridad de los ciudadanos y la coexistencia pacífica.
