En medio de una tensa jornada de segunda vuelta presidencial, el presidente Gustavo Petro volvió a ser el centro de la controversia este domingo tras hacer público su voto al sufragar en la mesa número 1 del Capitolio Nacional.
El gesto del mandatario, quien dejó a la vista de los presentes y las cámaras su elección en la papeleta, ha generado una ola de críticas en diversos sectores políticos y sociales. Esta acción no es inédita en el jefe de Estado, pues durante la primera vuelta electoral, el pasado 31 de mayo, Petro ya había protagonizado un episodio similar al respaldar públicamente al candidato Iván Cepeda, lo que en su momento encendió las alarmas sobre una posible participación indebida en política.
Un debate recurrente
La conducta del presidente ha vuelto a poner sobre la mesa la delgada línea entre el ejercicio del derecho individual al sufragio y las prohibiciones que pesan sobre los servidores públicos en Colombia. La ley colombiana es enfática en restringir la participación de funcionarios estatales en actividades proselitistas, con el fin de garantizar la neutralidad de las instituciones y la equidad en la contienda electoral.
Aunque el derecho al voto es universal y secreto por mandato constitucional, diversos sectores han cuestionado si la exhibición deliberada de la intención de voto por parte del primer mandatario constituye una forma de propaganda electoral o una presión indebida hacia la ciudadanía.
El contexto de la controversia
El malestar en redes sociales y entre analistas políticos se ha visto intensificado por el clima de desconfianza que el mismo presidente ha manifestado respecto al sistema electoral. A lo largo del proceso, Petro ha puesto en duda la transparencia del preconteo, cuestionando el rol de las empresas contratistas y el manejo de los datos, declaraciones que han sido calificadas por la oposición y observadores como un factor que «genera miedo y rabia» en la opinión pública.
Cabe recordar que el pasado 31 de mayo, otros altos funcionarios también fueron objeto de críticas por acciones similares. Figuras como el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, y el ministro del Interior, Armando Benedetti, también hicieron público su sufragio, sumándose a una lista de servidores que han sido cuestionados por exhibir sus preferencias en el marco de la contienda.
Por su parte, el Gobierno y los sectores afines al petrismo han minimizado las críticas, argumentando que el presidente, como ciudadano, tiene la libertad de ejercer su derecho al voto, mientras que sus cuestionamientos al sistema electoral son, según ellos, una medida de «protección a la transparencia».
Sin embargo, organismos de control y expertos en derecho electoral han recordado que, aunque los servidores públicos pueden votar, deben abstenerse de cualquier acción que pueda interpretarse como un uso del cargo o de los recursos del Estado para influir en la contienda, manteniendo la imparcialidad que exige su investidura.
