En un contundente comunicado conjunto, la Asociación Colombiana de Municipios y los políticos locales del país hicieron un llamado urgente al gobierno estatal para detener la crisis social desencadenada por el aumento desproporcionado de las valoraciones catastrales. Los alcaldes enfatizaron que estos aumentos no son su responsabilidad, sino que son resultado directo de los lineamientos marcados a nivel central.
La propuesta de los dirigentes apunta a una solución técnica y concertada para aliviar los recursos financieros de miles de familias colombianas, especialmente en zonas rurales y pequeños propietarios, cuya estabilidad económica se ha visto afectada por cálculos automáticos que consideran «atípicos».
Solicitudes específicas al IGAC y al gobierno
Los alcaldes proponen dos medidas inmediatas para mitigar el impacto financiero en los territorios:
Revisión Regionalizada: Implementación inmediata de la Resolución IGAC 0384 de 2026 con fecha límite el 30 de junio de este año para revisar los casos en los que el cálculo automático de las cuotas (derivadas del Plan Nacional de Desarrollo) haya resultado en tarifas excesivas. Aplazamiento de vigencia: Solicitar que en los municipios donde no se hayan recibido las bases catastrales actualizadas a finales de 2025, los efectos de los nuevos informes basados en la normativa vigente recién entrarán en vigor hasta el 1 de enero de 2027.
Para sustentar legalmente esta solicitud, la Asociación presentará una petición al Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) solicitando certificados precisos de las fechas de incorporación de estos valores a las bases de cada municipio.
“Basta de estigmatización”
Uno de los puntos más críticos de la declaración es la defensa de la autonomía local. Los dirigentes aclararon que los aumentos están en línea con el artículo 49 del Plan Nacional de Desarrollo, una medida nacional.
«Es importante que el país entienda que esta situación no es culpa de los alcaldes. Hacemos un fuerte llamado al Presidente de la República para que no siga eludiendo sus responsabilidades señalando con el dedo a los líderes locales y frene la desinformación», señala el documento oficial.
Los alcaldes insistieron en que habían actuado de acuerdo con la ley y no tenían autoridad para cambiar estos valores a su propia discreción. Por ello, llamaron a establecer mesas de diálogo técnico para evitar que la crisis social se agrave.
