La Sala de Procedimiento Especial impuso una pena de 99 meses de prisión al actual representante de la sala por irregularidades en una obra pública en Norte de Santander en 2011.
Bogotá, DC, 4 de mayo de 2026. La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó a Wilmer Ramiro Carrillo Mendoza, actual representante de la Cámara y exministro de Infraestructura de Norte de Santander, por el delito de celebrar contratos sin respetar los requisitos legales. La sentencia prevé una pena de prisión de 99 meses y un día, así como una multa de 129 euros mensuales del salario mínimo legal vigente en ese momento y la prohibición de ocupar cargos públicos durante más de ocho años.
La Corte Suprema le negó al congresista la suspensión condicional de su pena y el arresto domiciliario.
Irregularidades en el Puente de Puerto León
La sentencia se fundamenta en las deficiencias identificadas en el Convenio de Asociación 00177, suscrito el 24 de junio de 2011, valorado en $1.465.416.134. El objetivo del contrato era reconstruir el acceso y proteger la estructura del Puente de Puerto León sobre el río Zulia, vía estratégica que conecta la región con Cúcuta.
El tribunal cuestionó tres puntos fundamentales en el proceso de contratación:
Los diseños y estudios técnicos fueron realizados por la misma empresa que posteriormente ganó el contrato. Para la ejecución de una obra pública se utilizó la modalidad de “contrato de asociación”, figura no permitida para estos efectos por la Ley 80 de 1993. La empresa que realizaba la obra carecía de la capacidad técnica necesaria para ejecutar la obra requerida. Sentencia judicial
El tribunal enfatizó que el ex ministro de infraestructura actuó con pleno conocimiento de que sus acciones eran ilegales. En el fallo, el tribunal rechazó los argumentos de la defensa que buscaban aislar a Carrillo de las decisiones administrativas.
«Él siempre ha sabido comprender la ilegalidad del proceso contractual… La alienación que pretende demostrar frente a los hechos es evidentemente una estratagema para evitar su responsabilidad por el acto atípico e ilegal que sabía que estaba ocurriendo», afirmó la Sala Especial de Primera Instancia.
Pese a ser condenado por contratación irregular, el actual congresista fue absuelto del delito de peculado por apropiación agravada.
