Bogotá DC, 13 de febrero de 2026. En una decisión sin precedentes que ha provocado un terremoto político y económico en el país, el Consejo de Estado ordenó la suspensión temporal de los efectos del decreto por el cual el gobierno nacional había establecido el aumento del salario mínimo para el año 2026. La medida cautelar, adoptada tras la admisión de una serie de reclamos en contra de la norma, frena la aplicación del ajuste del 23 por ciento, cifra que el presidente Gustavo Petro había denominado «salario mínimo vital».
El Tribunal Supremo Administrativo consideró que había serios indicios de que el ajuste no se basó en los requisitos técnicos, económicos y constitucionales de la ley colombiana. En consecuencia, ha concedido al Ejecutivo un plazo preceptivo de ocho días naturales para adoptar y publicar un nuevo decreto transitorio que atienda las deficiencias antes mencionadas y establezca un valor adaptado a la realidad fiscal y técnica del país.
El origen de la disputa: el salto al “salario digno”
El conflicto se remonta al 28 de diciembre de 2025, cuando, ante la falta de acuerdo en la mesa de consulta tripartita entre patronal y sindicatos, el gobierno decidió fijar por decreto un aumento histórico. Los decretos 1469 y 1470 aumentaron el salario mínimo de $1.423.500 a $1.750.905, lo que, junto con un subsidio al transporte de $249.095, permitió a más de 2,3 millones de trabajadores ganar una remuneración total de dos millones de pesos.
Este aumento del 23% no sólo duplicó la oferta patronal (que era del 7,21%), sino que incluso superó las expectativas de los sindicatos, que se mostraron a favor con un 16%. El presidente Petro defendió la cifra bajo la premisa de que “a medida que aumenta el salario mínimo, cae el desempleo”, argumentando que es necesario garantizar a las familias un ingreso adecuado ante las presiones inflacionarias.
Sin embargo, el sector privado y varios analistas técnicos no dieron apoyo a la cifra. El Directorio del Banco de la República fue uno de los primeros en alertar, señalando que “la orden de aumentar el valor mínimo por encima del 23% exacerba un aumento significativo de la inflación” y amenaza la estabilidad macroeconómica del país.
Los argumentos del Consejo de Estado
En su decisión, el Consejo de Estado enfatizó que el Gobierno nacional debe tener en cuenta y aplicar todos los criterios previstos en la Ley 278 de 1996. El tribunal exige que el nuevo decreto contenga una “base económica detallada y verificable” que explique cómo se evaluó, cuantificó y ponderó cada criterio para llegar a la cifra final.
Según el Tribunal Supremo, el ajuste ordenado inicialmente parecía haber ignorado la conexión entre productividad, provocando inflación y objetivos de inflación, es decir, parámetros que son obligatorios. Los expertos creen que el aumento real bajo estos criterios legales probablemente estará entre el 6% y el 7%, muy lejos del 23% previsto por el gobierno actual.
Accidente de tren: reacciones del gobierno
La respuesta de la Casa de Nariño no se hizo esperar. El ministro del Interior, Armando Benedetti, calificó la decisión del tribunal de «surrealista» y criticó duramente a lo que llamó «las élites con influencia en las instituciones». Según Benedetti, se trata de una decisión política que afecta directamente a la clase trabajadora: “Demuestra una vez más que no hay ningún deseo de ayudar a los menos afortunados”. “Las grandes empresas ya decían que todo estaba bien y que la inflación no había aumentado desproporcionadamente”, explicó.
Por su parte, el presidente Gustavo Petro expresó su oposición pero indicó que acatará la orden arbitral por respeto al poder judicial. El presidente convocó a una reunión inmediata entre el Ministerio de Trabajo y la Coordinación de Movimientos Sociales para examinar el nuevo decreto. Sin embargo, advirtió que recortar el poder adquisitivo de los salarios en las circunstancias actuales sería «inconstitucional», pondría en peligro la vida y pondría en peligro la seguridad alimentaria y la nutrición infantil.
“El poder judicial debe saber que el gobierno es culpable del voto que lo eligió”, concluyó el presidente, extendiendo una invitación abierta a los “trabajadores” a pronunciarse sobre el tema, que muchos analistas interpretan como un llamado a la movilización social en defensa del salario mínimo de dos millones de pesos.
¿Qué pasa con los bolsillos de los colombianos?
Una de las mayores preocupaciones es el impacto inmediato en la nómina. El Consejo de Estado aclaró que los efectos de la suspensión sólo entrarán en vigor con la publicación del nuevo decreto transitorio. Esto significa que, por ahora, el valor decidido en diciembre deberá seguir pagándose hasta que el gobierno publique el nuevo monto ajustado dentro del plazo de ocho días otorgado.
El precedente más cercano a esta situación se produjo en 2016, cuando el Consejo de Estado también derogó un decreto sobre el salario mínimo, aunque el tribunal de entonces consideró que el aumento era demasiado bajo y ordenó un ajuste al alza. El escenario actual es el contrario: el objetivo es determinar si el gobierno se excedió en su autoridad al fijar un valor que los demandantes consideran insostenible.
El país ahora está a la espera de la nueva reunión de consulta. El Ministerio de Trabajo, que dirige Antonio Sanguino, debe presentar estudios que demuestren que el impacto del “salario digno” en los precios de los alimentos es marginal, como afirma el Ejecutivo, o ceder a la presión de los parámetros técnicos exigidos por la Corte Suprema. Lo cierto es que la batalla legal por el salario mínimo de 2026 apenas comienza y determinará el rumbo de la economía nacional durante el resto del año.
