Lo que debía ser una jornada de debate o entrevista periodística en el programa «Piso 8» se transformó en un escenario de acoso sexual directo y violencia simbólica.
El candidato y abogado Abelardo de la Espriella, en un acto que ha despertado una indignación generalizada, cruzó todos los límites de la ética y el respeto al insinuar y presionar a una periodista para que observara imágenes de contenido sexual —específicamente de sus genitales— en su teléfono móvil.
«Te voy a decir dónde es que está la vaina para que tú veas… con esta foto me gané unos votos bien bacanos del electorado femenino», le decía De la Espriella a los conductores.
Este comportamiento, lejos de ser una anécdota o una broma de mal gusto, constituye una agresión frontal contra la dignidad de la mujer en el ejercicio de su profesión. Al utilizar su anatomía como una forma de intimidación y control, el entrevistado no solo cosificó a la periodista, sino que intentó despojarla de su autoridad profesional, reduciendo el espacio de comunicación a un despliegue de exhibicionismo vulgar y abuso de poder.
La gravedad del asunto radica en la naturalidad con la que se ejecutó la acción. Forzar a una profesional a interactuar con insinuaciones sobre el cuerpo del agresor es una táctica de humillación diseñada para desestabilizarla.
«Estoy mal de culo, pero miren esta foto… ¿Qué ves aquí? ¿Qué ves aquí, cariño? Ven… Acércala y dime qué ves ahí», continúa exponiendo el candidato, mientras ella le decía: Dice Nariño, aguardiente… sí… ¡Tiene sombrero! ¡Tiene sombrero!», intentando fijar la vista en cualquier otro detalle del celular para terminar el momento.
Este episodio pone de relieve la vulnerabilidad a la que se enfrentan las mujeres en los medios de comunicación, donde el intelecto es frecuentemente respondido con la grosería y el acoso.
Es imperativo que la sociedad y los organismos competentes no dejen pasar este hecho como una simple excentricidad. El acoso sexual no tiene cabida en ninguna esfera, mucho menos bajo el amparo de los micrófonos de una nación. La condena debe ser unánime: el respeto a la mujer y a la profesión periodística es innegociable, y conductas de esta naturaleza solo demuestran una carencia absoluta de la altura moral requerida para cualquier tipo de liderazgo público.
