El creciente uso de procedimientos de quiebra económica como mecanismo deliberado para evitar obligaciones financieras se ha convertido en una de las principales advertencias para el sistema bancario colombiano. Esta práctica no sólo pone en duda la naturaleza de las normas de rescate, sino que también aumenta significativamente la presión sobre las áreas de gestión de riesgos y cobranza de las empresas financieras a nivel nacional.
La magnitud del fenómeno se refleja en las estadísticas del sector: sólo en 2024 se iniciaron más de 11.000 procedimientos de insolvencia en Colombia. Esta cifra representa un crecimiento exponencial del 58% respecto a los registros del año inmediato anterior y es evidencia de una tendencia que impacta la estabilidad del ecosistema crediticio.
Del alivio financiero al fraude estratégico
Si bien el marco legal de la Ley 2445 fue diseñado originalmente con el objetivo de brindar alivio y segundas oportunidades a los ciudadanos que enfrentan dificultades reales y demostrables para realizar sus pagos, la realidad operativa muestra un panorama diferente. Actualmente, algunas personas están utilizando estratégicamente esta regulación para acceder a múltiples líneas de crédito con la intención consciente de no pagar, consolidando así una forma de fraude financiero que impacta directamente en los balances de las empresas bancarias.
Uno de los mayores desafíos para los bancos se centra en la fase inicial de préstamo. Es aquí donde se encuentran los casos más comunes de fraude de ruptura, modalidad en la que los solicitantes tramitan diversos productos financieros con un plan estructurado de incumplimiento para luego someterse expresamente al procedimiento concursal y obtener la condonación judicial de las deudas adquiridas.
Analítica avanzada contra redes de fraude
Dada la complejidad de estos comportamientos, los modelos tradicionales de calificación crediticia no son suficientes para contener el impacto en las carteras de los bancos.
«Hoy en día, las instituciones financieras necesitan ir más allá de los modelos tradicionales de evaluación de riesgos. El fraude relacionado con los procesos de quiebra requiere capacidades de análisis predictivo e incluso prescriptivo y monitoreo en tiempo real que permitan detectar comportamientos atípicos antes de que se produzca el impacto financiero». — Gilma Díaz, gerente de ventas para la región Norte de América Latina de FICO.
Para combatir este problema, la industria tecnológica ha desarrollado soluciones avanzadas que permiten detectar patrones sospechosos antes de retirar el dinero. Mediante el uso de herramientas de análisis, modelos de aprendizaje automático y monitoreo de conexiones ocultas, es posible identificar si diferentes solicitantes comparten correos electrónicos, números de teléfono o direcciones físicas que los conectan con posibles redes organizadas de fraude.
Monitoreo de comportamiento y perfiles dinámicos.
El desafío institucional no termina con la entrega del dinero. Una vez que el préstamo está activo, los bancos enfrentan la coyuntura crítica de reconocer cambios sutiles en el comportamiento de los usuarios que indican una preparación táctica para declararse en quiebra. La capacidad de rastrear la acumulación acelerada de deuda, múltiples solicitudes de productos en plazos muy cortos o movimientos inusuales de capital se convierte en una tarea crítica. Esto cobra aún más relevancia si consideramos que la Ley 2445 establece umbrales relativamente bajos para iniciar el proceso: basta con registrar sólo 90 días de atraso y concentrar el 30% del total de los pasivos vencidos.
A este panorama se suma una limitación estructural del sistema tradicional, ya que cada institución financiera normalmente sólo tiene conocimiento de su propia relación comercial con el cliente. En este contexto, herramientas tecnológicas como la plataforma FICO® permiten crear un perfil dinámico del deudor. Esto proporciona una visión completa del comportamiento del usuario al vincular la información interna del banco con datos externos de más de 150 fuentes diferentes.
Finalmente, la automatización y la inteligencia artificial se están consolidando como herramientas estratégicas clave para priorizar los estudios de casos, reducir las tasas de falsos positivos y optimizar la capacidad operativa de los analistas, permitiendo enfocar el talento humano en investigaciones de mayor impacto y complejidad.
