Una cooperación judicial urgente y necesaria
La explosión del narcotráfico en Colombia no es obra exclusiva de los carteles y bandas criminales. Detrás del crecimiento sin precedentes de la producción de cocaína, hay determinadores políticos que han facilitado y permitido su expansión. Por eso, se hace urgente que las fiscalías y jueces de Colombia y Estados Unidos colaboren activamente para lograr la extradición de quienes, desde el poder, han convertido al narcotráfico en una herramienta política y económica.
El narco-régimen Petro-Cepeda: un riesgo a largo plazo
Gustavo Petro e Iván Cepeda lideran un modelo de gobierno que, bajo el disfraz de la “paz total”, ha debilitado la capacidad del Estado para enfrentar el crimen organizado. Con pactos cuestionables y zonas entregadas a grupos ilegales, su administración ha favorecido, directa o indirectamente, el aumento de los cultivos ilícitos. Colombia no puede permitir que este narco-régimen se consolide durante las próximas dos décadas.
Un llamado a un Pacto por una Colombia sin cocaína
Es momento de que los líderes que se oponen al proyecto Petro-Cepeda dejen de actuar de forma aislada. Se necesita un Pacto por una Colombia sin cocaína, un acuerdo nacional y multipartidista que priorice la erradicación del narcotráfico, la defensa del Estado de derecho y la protección de la soberanía nacional frente al crimen.
Este pacto debe unir a todos los precandidatos presidenciales comprometidos con un país libre de mafias, con justicia real y con instituciones sólidas. La batalla contra el narcotráfico no se gana solo en el campo o en las fronteras: se gana identificando y enfrentando a los responsables políticos que lo alimentan desde las altas esferas del poder.
Justicia internacional y responsabilidad política
La cooperación internacional debe trascender los discursos. Si EE. UU. ha actuado contra expresidentes de Centroamérica y Sudamérica vinculados al crimen organizado, debe hacer lo mismo con aquellos en Colombia que han abierto las puertas al narcotráfico. Extraditar a los determinadores políticos no es venganza: es justicia y es el primer paso para recuperar la dignidad de Colombia.
