En medio de las discusiones en el Congreso de la República para elegir al próximo Contralor General de la República, la abogada y excontralora de Medellín y Antioquia, Diana Carolina Torres García, ha puesto sobre la mesa un debate pedagógico y de alto impacto institucional: la necesidad de resignificar el papel del máximo órgano de fiscalización del país.
Para la candidata —una de las diez finalistas seleccionadas por concurso público de méritos—, la ciudadanía suele enfocar toda su atención en la figura del Presidente de la República, ignorando que el éxito o fracaso de las políticas públicas depende directamente de quién cuide las arcas del Estado.
Torres explica la importancia del cargo a través de una analogía sencilla: si el país se piensa como un hogar, el Ejecutivo decide en qué proyectos se invierten los recursos de la Nación. Sin embargo, la garantía de que ese presupuesto no se desvíe o quede atrapado en la burocracia recae exclusivamente en la Contraloría General.
«El verdadero poder de transformar un país no solo está en quien ejecuta el dinero, sino en quien tiene la firmeza, el rigor y la experiencia técnica para vigilarlo. El Contralor General no es un funcionario administrativo más: es el guardián del bolsillo de cada ciudadano», afirma la aspirante.
Con más de 15 años de trayectoria en el control fiscal, Torres García fundamenta su propuesta en su historial al frente de la fiscalización territorial y nacional. Durante su gestión en la Contraloría Departamental de Antioquia, la entidad emitió alertas e hallazgos por más de 100 millones de dólares en el proyecto Hidroituango. Posteriormente, al liderar la Contraloría General de Medellín en 2020, destapó inconsistencias por $35.000 millones de pesos en programas de alimentación escolar (PAE) y contratación pública durante la pandemia.
De ser elegida por las bancadas parlamentarias, plantea un plan de choque de 100 días centrado en dos frentes críticos:
-Reactivación de obras inconclusas: Poner la lupa en los sectores de infraestructura y transporte para destrabar al menos el 30% de los denominados «elefantes blancos» en los municipios.
-Fiscalización del sistema de salud: Auditar el flujo de caja y la destinación real de los recursos destinados a la red hospitalaria pública y privada.
Frente al reto de vigilar los recursos en las zonas más vulnerables de Colombia, la candidata propone potenciar la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI) mediante modelos predictivos de datos. Esto permitirá detectar alertas de corrupción en tiempo real antes de que los contratos sean pagados.
Asimismo, ante los cuestionamientos habituales sobre las filiaciones políticas en este tipo de elecciones, Torres reitera que su candidatura responde al mérito y a su perfil técnico —respaldado además por su formación como oficial de reserva de la Armada Nacional—, garantizando autonomía absoluta al momento de auditar las finanzas del Estado.
