En un contexto de creciente violencia y amenazas en Cúcuta, lideresas sociales alzan su voz para denunciar la falta de protección y respuestas efectivas por parte de las autoridades ante las amenazas de grupos armados y la vulneración de los derechos humanos.
Desde hace años, diversas organizaciones en la región han estado combatiendo la trata y explotación sexual de mujeres y niñas, enfrentándose al asedio de grupos armados y la indiferencia institucional. A pesar de sus esfuerzos, la seguridad de estas lideresas se ve comprometida día a día.
El reciente asesinato del líder social y periodista Jaime Vásquez en Cúcuta ha vuelto a poner en evidencia los peligros que enfrentan los defensores de derechos humanos en la región. Sin embargo, son las mujeres quienes parecen estar en mayor riesgo, especialmente aquellas que luchan contra la explotación y el tráfico de personas.
Alejandra Vera, directora de la Corporación Mujer, denuncia y muévete, ha enfrentado la persecución del conflicto armado por su labor en la región durante cuatro años. A pesar de las amenazas, ha continuado su trabajo en la prevención de la trata de personas, pero se ha encontrado con la falta de respuesta por parte de las instituciones y la impunidad de los agresores.
Según datos del Programa Somos Defensores, se han registrado 40 asesinatos de personas defensoras de derechos humanos en Norte de Santander entre enero de 2019 y septiembre de 2023, con 11 casos en Cúcuta. Las amenazas persisten, y lideresas como Vera enfrentan intimidaciones constantes.
La falta de acción por parte de las autoridades es alarmante. Andrea*, una lideresa social y migrante venezolana, ha estado denunciando la trata de personas durante más de tres años. A pesar de sus esfuerzos, las amenazas y extorsiones continúan, y la impunidad reina en la región.
El control ejercido por grupos armados como el Tren de Aragua en zonas fronterizas de Colombia ha contribuido al aumento de la violencia y la inseguridad. A pesar de la presencia de la Fuerza Pública, la explotación y el tráfico de personas continúan impunes en lugares como La Parada, donde las autoridades parecen ser incapaces de garantizar la seguridad de la población.
Ante esta situación, las lideresas y defensoras de derechos humanos hacen un llamado urgente al Estado para que intervenga en Norte de Santander y proteja la vida de quienes están en riesgo. En un contexto de creciente violencia y vulnerabilidad, es necesario que se tomen medidas concretas para garantizar la seguridad de estas mujeres valientes que luchan por un mundo más justo y seguro.
*Nombre cambiado a petición de la testigo*
