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La justicia falló a favor de la empresa estadounidense Havana Docks Corporation, cuyo muelle en Cuba fue confiscado cuando Fidel Castro tomó el poder
por INFOBAE
La Corte Suprema de Estados Unidos falló a favor de la empresa estadounidense Havana Docks Corporation, cuyo muelle en Cuba fue confiscado cuando Fidel Castro nacionalizó la propiedad privada tras llegar al poder.
La decisión, obtenida por 8 votos a 1, podría aliviar demandas similares presentadas por otras empresas e individuos estadounidenses cuyas propiedades fueron expropiadas después de la Revolución Cubana, según The New York Times.
El caso se produjo cuando la administración de Donald Trump aumentó la presión sobre el régimen cubano en medio de la crisis humanitaria en la isla tras el bloqueo de los envíos de petróleo desde Venezuela y México. La administración Trump apoyó a Havana Docks Corporation en su demanda contra grandes cruceros que utilizaron los muelles incautados. La administración creía que este tipo de demandas, hechas por el Congreso en la década de 1990, constituían una herramienta de política exterior para desalentar la inversión en Cuba.
El juez Clarence Thomas concluyó en la decisión mayoritaria que quienes utilizan propiedades afectadas por incautaciones anteriores son responsables ante cualquier ciudadano estadounidense que tenga un derecho sobre esa propiedad. Según el tribunal, Havana Docks sólo debía acreditar que las líneas de cruceros estaban utilizando los bienes embargados sobre los cuales la compañía tenía reconocido un derecho.
La jueza Elena Kagan discrepó, argumentando que los muelles pertenecían al gobierno cubano y que el interés de la compañía en la propiedad expiró antes de que los cruceros los utilizaran.
El impacto de la decisión en otras demandas similares aún no está claro. La Corte Suprema no ha resuelto un segundo caso que involucra activos de Exxon Mobil incautados en la isla.
Antes de la Revolución Cubana, las empresas estadounidenses controlaban gran parte de la infraestructura eléctrica, el sistema telefónico, la minería, los ingenios azucareros, las refinerías y los almacenes de Cuba.
Después de que Castro llegó al poder, estos activos fueron transferidos a empresas estatales. Miles de inversores estadounidenses entablaron demandas ante la Comisión de Solución de Reclamaciones Extranjeras, que en 1971 otorgó a la Havana Docks Corporation el derecho a una compensación de 9,1 millones de dólares, equivalente a casi 100 millones de dólares si se ajusta a la inflación. En total, la comisión certificó reclamaciones por un valor de 1.900 millones de dólares, equivalente a unos 9.300 millones de dólares actuales, según el Consejo Económico y Comercial Estados Unidos-Cuba.
En 1996, el Congreso de Estados Unidos endureció el embargo comercial después de que dos aviones de Hermanos al Rescate fueran derribados por aviones de combate cubanos, lo que provocó la muerte de tres ciudadanos estadounidenses y un residente permanente. Se promulgó la Ley Cubana de Libertad Democrática y Solidaridad (Helms-Burton), que establecía que la solución de estos reclamos era un prerrequisito clave para el restablecimiento de las relaciones económicas y diplomáticas con Cuba.
La ley permite a los ciudadanos estadounidenses demandar en tribunales federales a quienes “comercien” o utilicen activos expropiados por el régimen cubano, aunque otorga a los presidentes la autoridad para suspender esa disposición, lo que hicieron sucesivos presidentes hasta que Donald Trump revocó su solicitud en 2019.
Este cambio permitió a Havana Docks demandar a los cruceros por utilizar los muelles y transportar a casi un millón de personas a La Habana. La compañía había construido y operado las instalaciones portuarias bajo un contrato de 99 años con el gobierno cubano anterior a Castro que les permitía operar al menos hasta 2004. Cuando el régimen comunista se apoderó de los muelles, el acuerdo todavía estuvo en vigor durante 44 años.
La industria de cruceros argumentó que estaba actuando legalmente al colaborar con el régimen cubano y utilizar los muelles tras la apertura impulsada por la administración Obama en 2016.
En 2022, un juez federal de Florida falló en contra de las líneas de cruceros y les ordenó pagar al menos 110 millones de dólares cada una. Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones del 11º Circuito revocó esa decisión y concluyó que los derechos de la empresa sobre la propiedad y sus operaciones habrían terminado según el acuerdo original en 2004.
La noticia de que la Corte Suprema de Estados Unidos ha presentado una demanda por activos estadounidenses confiscados a Cuba en 1960 fue reportada por primera vez en Noticias al Día y la Hora | publica las últimas noticias de hoy
