Con el inicio del nuevo periodo legislativo, el Congreso de la República se alista para tomar una de sus primeras y más determinantes decisiones institucionales: la elección del próximo Contralor General de la República. Dentro del listado de los diez finalistas seleccionados mediante concurso público de méritos, resalta el nombre de Diana Carolina Torres García, una abogada cuya hoja de vida destaca por su combinación de rigor técnico, control territorial y disciplina institucional.
Torres García no solo cuenta con más de 15 años de trayectoria en la función pública y el derecho administrativo, sino que además posee un perfil singular: es teniente de corbeta profesional de la reserva de la Armada Nacional, rescatista aeronáutica y buzo profesional. Sin embargo, es su experiencia al frente de los entes de control en el departamento de Antioquia lo que la ubica entre las aspirantes más fuertes al cargo.
Resultados en el territorio: Hidroituango, EPM y el PAE
Durante sus pasos por las contralorías de Medellín y Antioquia, Torres García enfrentó algunos de los expedientes de control fiscal más complejos del país.
La candidata recordó que uno de los hitos más relevantes de su gestión departamental estuvo ligado al proyecto Hidroituango, donde el ente de control bajo su mando reportó hallazgos e irregularidades por un valor superior a los 100 millones de dólares.
Posteriormente, en el año 2020 y en pleno pico de la emergencia sanitaria por COVID-19, asumió la Contraloría General de Medellín. En ese periodo, marcado por la suspensión de términos administrativos, su equipo consolidó hallazgos fiscales por más de $35.000 millones de pesos. Las indagaciones se centraron en puntos sensibles para la ciudadanía, como la ejecución del Programa de Alimentación Escolar (PAE) y convenios internacionales celebrados por Empresas Públicas de Medellín (EPM).
«En la Contraloría de Medellín obtuvimos hallazgos por más de 35.000 millones de pesos en temas relacionados con convenios de EPM y alimentación escolar», destacó la excontralora al hacer un balance de su paso por la capital antioqueña.
Las apuestas para el ente nacional: Regiones, tecnología y los primeros 100 días
De cara a la votación en el Congreso, Diana Carolina Torres ha estructurado una propuesta enfocada en descentralizar la vigilancia fiscal y anticiparse a la pérdida de los recursos públicos.
1. Control en las regiones olvidadas
Su principal compromiso con las bancadas parlamentarias es llevar la lupa del control fiscal a los territorios apartados donde la presencia institucional ha sido históricamente precaria. Propone una articulación técnica con las comunidades y los legisladores locales para garantizar que las inversiones estatales se ejecuten de manera transparente.
2. Prioridad en Salud e Infraestructura
Para los primeros 100 días de gestión, en caso de ser elegida, propone concentrar las auditorías en la reactivación de obras inconclusas —los denominados «elefantes blancos»— y en el seguimiento riguroso al flujo de caja y la destinación de los fondos del sistema de salud a nivel nacional.
3. Vigilancia preventiva con analítica de datos
Frente al modelo tradicional de control posterior, busca potenciar el uso de tecnología avanzada y analítica de datos para realizar un seguimiento en tiempo real, evitando el desvío de capitales antes de que los contratos sean liquidados.
Autonomía e independencia política
En un proceso de elección minuciosamente fiscalizado por la opinión pública, la candidata ha sido enfática respecto a su independencia frente a sectores políticos y antiguos directivos de la entidad. Aunque laboró en la Contraloría Delegada para el Sector Regalías bajo la administración saliente de Carlos Hernán Rodríguez, ha reiterado que su postulación responde exclusivamente a su mérito profesional y a su carrera técnica, desmarcándose de cualquier padrino o acuerdo partidista.
Con las hojas de vida sobre la mesa, el Congreso de la República definirá en las próximas semanas si opta por un perfil eminentemente técnico e institucional para custodiar las arcas públicas de la Nación durante los próximos cuatro años.
