La Corte Constitucional ha derogado el decreto 1085 del 2023 que declaró la emergencia económica, social y ecológica en La Guajira. Esta medida se había implementado para abordar la crisis humanitaria causada por la escasez de agua en la región. El alto tribunal otorga un plazo de un año al gobierno de Gustavo Petro y al Congreso para encontrar soluciones a esta crisis.
El Gobierno Nacional había impulsado este decreto el pasado 2 de julio, marcando un total de 13 decretos para tomar medidas en respuesta a la crisis en La Guajira. Sin embargo, la Procuraduría había remitido un concepto a la Corte Constitucional solicitando su anulación, argumentando que era inconstitucional, ya que los hechos no eran «sobrevinientes» y podían ser atendidos mediante una buena gestión administrativa.
Ante esta decisión, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, expresó su respeto por la determinación de la Corte y destacó positivamente el año de plazo otorgado para abordar la crisis en La Guajira. Además, anunció la preparación de proyectos de ley para cumplir con las directrices de la Corte Constitucional.
Con la anulación de este decreto, se cae el primer decreto del Gobierno Nacional bajo el estado de emergencia económica en La Guajira, que autorizaba contrataciones directas para asegurar el acceso al agua y saneamiento básico en la región. El Gobierno ahora deberá abordar estas situaciones a través de mecanismos normales, sin la declaración de emergencia.
