Junio 21 de 2026
Por: Luis Guillermo Echeverri Vélez
Colombia enfrenta uno de los momentos más decisivos de su historia reciente. A pocos días de una elección presidencial que definirá el rumbo del país, vuelve a surgir un debate que ha acompañado a la nación durante décadas: la relación entre la política, la justicia y el conflicto armado.
Durante más de medio siglo, millones de colombianos han soportado las consecuencias de la violencia generada por organizaciones guerrilleras que evolucionaron hacia estructuras narcoterroristas. Secuestros, asesinatos, extorsiones, atentados y desplazamientos marcaron generaciones enteras de ciudadanos que, pese a las dificultades, continúan trabajando y defendiendo los principios democráticos.
Sin embargo, para amplios sectores de la opinión pública, la preocupación ya no se limita únicamente a los grupos armados ilegales. También existe inquietud por lo que consideran una creciente utilización política de las instituciones del Estado, especialmente en momentos electorales.
La reciente decisión de reactivar investigaciones contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez ha reavivado esa controversia. Sus defensores sostienen que varios de estos procesos ya habían sido archivados en el pasado y consideran sospechoso que nuevas actuaciones judiciales aparezcan en medio de una campaña presidencial altamente polarizada.
A esto se suma la percepción de que ciertos medios de comunicación otorgan mayor relevancia a algunos escándalos mientras minimizan otros. Quienes comparten esta visión señalan que casos relacionados con presuntos actos de corrupción de figuras cercanas al oficialismo reciben una cobertura considerablemente menor que los procesos contra dirigentes de la oposición.
El debate también alcanza a personajes como Juan Manuel Santos, Iván Cepeda, Iván Velásquez y otros actores políticos que han tenido influencia en la vida pública nacional durante los últimos años. Para sus críticos, existe una estrategia coordinada que busca moldear la opinión pública mediante procesos judiciales, campañas mediáticas y alianzas políticas.
Más allá de los nombres propios, la discusión de fondo gira alrededor de una pregunta esencial: ¿puede una democracia mantenerse sólida cuando una parte significativa de la ciudadanía desconfía de sus instituciones?
La confianza en la justicia es uno de los pilares fundamentales de cualquier Estado de Derecho. Cuando las decisiones judiciales son percibidas como imparciales, fortalecen la democracia. Pero cuando amplios sectores creen que responden a intereses políticos, el daño institucional puede ser profundo y duradero.
Colombia necesita instituciones fuertes, independientes y respetadas. Necesita que las investigaciones se desarrollen con rigor probatorio, sin presiones políticas ni intereses electorales. Y necesita, sobre todo, que la ley se aplique con el mismo criterio para todos los ciudadanos, independientemente de su ideología o posición de poder.
A las puertas de una nueva jornada electoral, el país se encuentra nuevamente ante una disyuntiva histórica. Los ciudadanos tendrán la responsabilidad de decidir qué modelo de nación desean construir: uno basado en la legalidad, la seguridad y el fortalecimiento institucional, o uno que continúe profundizando la polarización y la confrontación política.
La decisión, como siempre en democracia, estará en manos de los colombianos.
